Santo Domingo.– El jurista Víctor Eddy Mateo afirmó que la apelación presentada contra la decisión de no ha lugar que favoreció a Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta forma parte de las garantías del sistema judicial, al señalar que las partes tienen derecho a recurrir las decisiones de los tribunales, siempre dentro del respeto al debido proceso.
Durante su participación en el programa Toque Final, conducido por el periodista Julio Martínez Pozo en Antena 7, Mateo explicó que el principio de tutela judicial efectiva permite que las decisiones judiciales sean revisadas mediante los mecanismos previstos por la ley.
El jurista consideró previsible que el Ministerio Público y los abogados de recuperación de bienes del Estado recurrieran la decisión, al contar con la facultad legal para hacerlo.
“Sería muy ingenuo pensar que, teniendo la oportunidad legal de recurrir una decisión de no ha lugar, no iban a ejercer ese derecho. Entiendo que es algo normal dentro de un proceso judicial”, expresó.
Mateo aclaró que la presentación de una apelación no implica necesariamente la revocación de la decisión, ya que corresponderá al tribunal de alzada evaluar los argumentos y determinar si el recurso tiene méritos suficientes para prosperar.
“Una cosa es que exista el derecho a apelar y otra muy distinta es que ese recurso tenga los méritos suficientes”, sostuvo.
Decisión responde a una línea institucional
Al referirse a si una decisión de esta naturaleza requiere autorización de la autoridad correspondiente, Mateo explicó que los abogados actúan conforme a los intereses que representan y a una estrategia definida por quien tiene la responsabilidad de tomar esas decisiones.
Como ejemplo, comparó la situación con el ejercicio privado de la abogacía, en el que el abogado sigue las instrucciones de su cliente, quien determina la continuidad de las acciones legales.
“Cuando un cliente no quiere seguir un proceso, uno no continúa, porque quien tiene la voz cantante es quien contrata. Por más conocimiento que tenga el abogado, quien define la estrategia es quien representa ese interés”, explicó.
En el caso del Estado, señaló que existe una estructura institucional distinta y planteó que una actuación de esta trascendencia no suele derivarse de una decisión individual del abogado que maneja un expediente.
Mateo sostuvo que el Poder Ejecutivo está encabezado por el presidente de la República y que, al tratarse de una decisión de alta relevancia institucional, debe analizarse cómo una actuación de esta naturaleza puede producirse sin una línea institucional definida.
“Hay valoraciones que se podrían tejer. Se sabe que el Ministerio Público no iba a dar su brazo a torcer; habría que interpretar si esta señal se da a propósito”, manifestó.
Mateo también abordó el contexto político de los procesos judiciales relacionados con funcionarios del gobierno anterior. Afirmó que desde 2020 esas investigaciones han afectado la imagen pública de quienes formaron parte de esa administración, en particular en su estructura económica y financiera.
Según su valoración, uno de los objetivos fue afectar ese brazo económico mediante señalamientos de corrupción, aunque sostuvo que el análisis final debe mantenerse dentro del ámbito judicial.
El jurista reiteró que serán los tribunales los encargados de evaluar los fundamentos de la apelación, las pruebas presentadas y la participación individual de Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, para determinar si corresponde modificar la decisión de no ha lugar o mantenerla conforme al derecho.
