SEATTLE (AP) — La familia de una mujer estadounidense que encabeza una fuerza de vigilantes en México ha pedido a un grupo defensor de los derechos humanos que ayude a obtener su libertad después de tres meses de estar presa acusada de secuestro.
Nestora Salgado fue arrestada el 21 de agosto en el estado de Guerrero, donde dirigía un grupo de vigilantes que enfrentaba la corrupción policial y la violencia de los cárteles de la droga. La ley estatal permite a las comunidades indígenas conformar esas fuerzas.
«No tienen de qué acusarla», dijo su hija, Grisel Rodríguez, a The Associated Press. «No hay pruebas. Ya que se trata de un caso político, esperamos que con un poco de presión política desde aquí la dejen en libertad».
La familia ha pedido ayuda a la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la facultad de derecho de la Universidad de Seattle. El organismo presentó un pedido de libertad el lunes al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias, con sede en Ginebra. La petición dice que Salgado está presa por oponerse a la corrupción del gobierno y la violencia de los cárteles de la droga.
Salgado, de 41 años, está acusada de secuestro en relación con el arresto de varias muchachas adolescentes bajo sospecha de venta de drogas y el arresto de un funcionario municipal por presunto intento de robar una vaca en la escena de un doble homicidio. Según la petición, la vaca pertenecía a las víctimas.
El gobierno del estado de Guerrero dijo que las autoridades recibieron denuncias de las familias de las seis víctimas de secuestro, entre las que había tres menores, y de pedidos de rescate.
Los investigadores dijeron que obtuvieron una orden judicial para arrestar a Salgado y que garantizaron sus derechos a los largo del proceso. En total, 13 sospechosos fueron detenidos.
«El Gobierno de Guerrero tiene como uno de sus objetivos el proteger a sus ciudadanos, y trabajar para crear condiciones de tranquilidad», dijo el vocero del gobierno del estado José Villanueva. «Para lograrlo es preciso que todos, absolutamente todos, nos apeguemos a las leyes; ningún individuo o grupo puede imponer sus métodos o hacer imperar sus criterios para aplicar la justicia».
Salgado creció en Olinala, una población serrana de campesinos y artesanos, y se mudó a Estados Unidos cuando tenía unos 20 años, dijo su hija. Se estableció en el área de Seattle y trabajó como mesera y limpiando departamentos, añadió. Su esposo, José Luis Avila, ha trabajado en la construcción.
A partido del 2000, Salgado comenzó a regresar a su pueblo natal por un mes o dos en cada ocasión, llevando cobertores, ropa, juguetes y otros artículos como donación, dijo Rodríguez. En cada ocasión, más personas en la empobrecida comunidad le pedían ayuda.
Salgado suspendió sus viajes luego de quedar paralizada tras un accidente de auto hace una década. Gracias a la rehabilitación, recuperó el 90% de la movilidad de su cuerpo y en años recientes retomó sus visitas a Olinala, pero aún sufre por una intensa neuropatía, lo que genera preocupación por su arresto, dijo Rodriguez. Añadió que su madre ha estado incomunicada durante semanas, que tiene abogado desde apenas hace un mes y que no puede hacer llamadas de larga distancia a su hogar.
El asesinato de un taxista que se negó a pagar por protección a un cártel provocó que Salgado y otros formaran una policía comunitaria, que efectuaba patrullajes para proteger a los habitantes, de acuerdo con la petición de la Clínica de Derechos Humanos.
Vidulfo Rosales, el abogado de Salgado, dijo que no le han permitido ver a su cliente a pesar de que presentó hace 20 días una solicitud para hacerlo.