BELGICA (EFE).- El cónsul general de República Dominicana en Amberes, Bélgica, Rafael Hernández, realizó una exposición en un establecimiento de la ciudad con el objetivo de difundir y dar a conocer el la política migratoria del país.
Según informó la Cancillería en un comunicado, Hernández abordo ampliamente el tema del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros puesta en práctica por el gobierno dominicano a partir de la ley 169-14 del poder ejecutivo.
El cónsul dominicano en Bélgica recordó que la medida puesta en práctica por el gobierno del presidente, Danilo Medina, surgió cuando el Tribunal Constitucional Dominicano emitió la sentencia 168-13 que, entre otras cosas, instruye al poder ejecutivo y a la Junta Central Electoral a realizar una investigación en el Registro Civil Dominicano, para verificar cada acta de nacimiento, de defunción, de matrimonio y divorcio emitidas desde 1929 hasta el 2006.
El resultado de ese saneamiento, fue el hallazgo de una serie de irregularidades, entre ellas el hecho de que más de 55,000 ciudadanos hijos de padres extranjeros en tránsito o residiendo de ilegalmente en el país, habían obtenido documentos dominicanos de forma irregular, ya que la ley dominicana sobre nacionalidad dice que a los hijos de éstos no les pertenece la ciudadanía de forma inmediata.
Producto de esa situación, empezaron los ataques de autoridades haitianas, así como de terceros países e instituciones que han tratado de confundir a la comunidad internacional denunciando que en República Dominicana hay apátridas y que se practica el racismo contra los ciudadanos haitianos y contra los dominicanos de ascendencia haitiana.
Por este motivo, el presidente Medina recibió en el Palacio Nacional a un grupo de dominicanos de ascendencia haitiana y, tras escuchar sus casos señaló que se trataba de “un drama humano y nosotros tenemos que buscarle una solución a ese drama”.
Hernández siguió explicando que a partir de ahí el presidente Medina inicio un proceso de consultas con diferentes sectores de la vida nacional, la sociedad civil, y con representantes de organismos internacionales en el país, y sometió un proyecto de ley, que devino en la ley 169-14 o Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.
Dentro de ese Plan se le dio 18 meses a los extranjeros que aplicaban para regularizar su estatus en el país, con la intención de que consiguieran los documentos de identidad de su país, necesarios para iniciar el proceso de regularizar su situación en el país.
La Comunidad internacional “pretende desconocer el legítimo derecho que tiene República Dominicana de regular su migración y darle nacionalidad a los ciudadanos que nazcan en el país con estricto apego a su constitución”, dijo.
Hernández explicó que, después de que la JCE diera solución de forma individual a más de 55,000 dominicanos de ascendencia haitiana que tenían problemas con sus documentos, del Gobierno haitiano acusó al país de tratarlo como parias, acusación que calificó de falsa, infamante e injuriosa.
Rafael Hernández también expreso que a pesar de que Haití le niega el derecho a un documento nacional de identidad a cerca del 80 por ciento de los haitianos, República Dominicana, como un acto que no registra precedentes en la historia de ningún país, ha dotado a miles de haitianos de un documento dominicano.
Tras exponer las ayudas que recibió el país vecino tras el terremoto que asoló Haití en 2010, el cónsul consideró injusto que a Dominicana se la acuse de racista o de practicar la apatridia con ningún ser humano en nuestro territorio.
“No aceptaremos que nos acusen de que tratamos a nuestros hermanos haitianos como parias, y exigimos respeto para nuestro país, nuestras leyes y para nuestro pueblo”, finalizó.