Señala avanza proceso reorganización macroestructura Poder Ejecutivo

SANTO DOMINGO, 25 de octubre de 2017.-. El titular del Ministerio de Administración Pública (MAP), licenciado Ramón Ventura Camejo, informó que ya hay avances palpables en el proceso de reorganización de la macroestructura del Poder Ejecutivo en la República Dominicana, de acuerdo con una propuesta presentada por el MAP, con el objetivo táctico de hacer el aparato gubernamental más racional y eficiente, a partir de transformaciones institucionales y el desarrollo y profesionalización de los recursos humanos en el sector público.

En este sentido, el funcionario citó como ejemplo la creación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), establecido en la Ley no. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

El INTRANT sustituyó y absorbió las funciones de 5 instituciones: el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONDET), la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT), la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), el Consejo de Administración y Regulación de Taxis (CART) y la Caja de Pensiones y Jubilaciones de los choferes del transporte público.

Asimismo, Ventura Camejo refirió la supresión de varios órganos de la Policía Nacional, como resultado del proceso de reforma que tiene lugar a lo interno de la institución del orden, y también la disolución de la Comisión de Reforma del Sector Salud, entre otros ejemplos.

Según el ministro de Administración Pública, también podría tener lugar la supresión gradual o fusión de otras entidades. Al explicar el alcance de la propuesta del MAP, Ventura Camejo, aclaró que “busca corregir de manera gradual, debido al impacto que podrían tener estas medidas, las muestras de fragmentación, duplicidades,  y descoordinación que aún subsisten en la Administración Pública dominicana, desarrollando un Estado más funcional y eficiente, como lo plantea entre sus líneas de acción la Estrategia Nacional de Desarrollo”.

Según la Ley No. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, los esfuerzos para hacer más eficiente la estructura organizativa del Estado también deben propiciar, mediante adecuados procesos de descentralización y desconcentración, el acercamiento de los servicios públicos a la población en el territorio.

Al respecto, Ventura Camejo destaca: “Las transformaciones que requiere nuestra administración pública son integrales, y las reformas legales por sí solas no garantizan la modernización de los servicios públicos ni la racionalidad de sus estructuras; sin embargo, la existencia de un marco jurídico adecuado que oriente y legitime las acciones que a estos fines se lleven a cabo desde los gobiernos, facilita en gran medida los procesos de cambio”.

El funcionario recuerda que las disposiciones de la Ley Orgánica de Administración Pública son aplicables a todos los entes y órganos que conforman la Administración Pública bajo dependencia del Poder Ejecutivo, y “la propuesta que han preparado los técnicos del Ministerio incluye proyectos de reubicación y supresión de órganos y entes de la macroestructura del Poder Ejecutivo, manteniendo todos los ministerios actuales”.

Agregó que “el objetivo de la ley Orgánica de la Administración Pública orienta la necesidad de la coordinación, de superar duplicidades y darle coherencia a la Administración Pública”.

Finalmente, la propuesta del MAP destaca que para lograr una reforma exitosa en la macroestructura del gobierno dominicano resulta fundamental el trabajo coordinado entre entidades como el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo,  el Ministerio de Administración Pública, la Contraloría General de la República, y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, bajo la coordinación del Ministerio de la Presidencia, órgano que ejerce la Secretaría Técnica del Consejo de Ministros, y responsable de llevar a cabo los procesos de evaluación integral de las políticas públicas adoptadas por el Ejecutivo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 22 de la Ley Orgánica de Administración Pública No. 247-12.